El pasado viernes 21 de febrero de 2025, Trujillo fue testigo de una tragedia cuando el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza colapsó, dejando un saldo de ocho fallecidos, incluyendo tres niños, y más de 80 heridos. Este incidente ha generado indignación y ha puesto en evidencia la necesidad de una fiscalización rigurosa en infraestructuras de alto tránsito.

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, informó que las labores de rescate concluyeron el domingo 23 de febrero al mediodía. Durante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos, la Marina de Guerra del Perú y otras entidades trabajaron arduamente para evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas. A pesar de los esfuerzos, la esperanza de encontrar sobrevivientes se fue desvaneciendo conforme avanzaban las labores de remoción de escombros.

Posibles Causas del Colapso

Las investigaciones iniciales apuntan a tres posibles factores que pudieron haber provocado el desplome de la estructura:

  • Falla en el cálculo estructural: Si la estructura no fue diseñada para soportar adecuadamente las cargas previstas (peso propio, sobrecarga de uso, acumulación de agua, viento, etc.), podría haber ocurrido una falla desde la concepción del proyecto.
  • Deficiencias en la construcción: Incluso con un diseño correcto, una mala ejecución de la obra (uso de materiales inadecuados, errores en las uniones o soldaduras, o falta de supervisión técnica) puede comprometer la estabilidad de la estructura.
  • Falta de mantenimiento: Si no se realizaron inspecciones periódicas ni trabajos de mantenimiento, factores como la corrosión o acumulación de agua por lluvias recientes pudieron haber debilitado la estructura progresivamente hasta llevarla al colapso.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, enfatizó que la tragedia pudo haberse evitado si las autoridades locales hubieran realizado una fiscalización más rigurosa. La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, destacó la importancia de verificar si la construcción cumplió con todas las especificaciones técnicas y si fue objeto de inspecciones periódicas, como la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Por su parte, Antonio Álvarez, especialista en gestión municipal, resaltó que la fiscalización y el control de infraestructuras concurridas es responsabilidad de los gobiernos locales, quienes deben implementar políticas preventivas y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad estructural.

Este lamentable suceso no solo deja un saldo de vidas perdidas y decenas de familias afectadas, sino que también expone deficiencias en la supervisión y mantenimiento de infraestructuras de uso público. La investigación en curso deberá determinar las responsabilidades y, lo más importante, generar medidas que eviten que tragedias como esta se repitan en el futuro.