En el Perú, culminado el proceso electoral, contamos con un gobierno saliente que no ha sido eficaz en las reformas necesarias acordes a una realidad cada vez más violenta y corrupta (salvo esfuerzos aislados como la ley del feminicidio). La esperanza de que un nuevo cambio institucional se pueda gestar con el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, está a flor de piel en la ciudadanía, cada vez más consciente de la necesaria atención de un estado de derecho con plenos “sujetos de derecho”. Si bien es cierto nuestra sociedad dista mucho de ser liberal como la de Estados Unidos, encuestas nacionales de opinión pública han mostrado que una gran parte de la población es pro vida y pro familia; en mi opinión no considero que la defensa de los derechos de la comunidad LGTB en el Perú se contraponga a la defensa de una plataforma “pro derechos de todos y todas”, la nueva coyuntura política que se avecina en los próximos cinco años favorece la visibilización de una nueva generación política y de nuevas redes y plataformas que permitan la concreción de leyes que provean una protección más integral y sancionadora en beneficio de los grupos minoritarios (LGTB, Indígenas, discapacitados, etc), a través de leyes contra crímenes de odio. Las reformas estructurales que se necesitan, no sólo conciernen a una reformulación del marco jurídico con un nuevo código penal, sino también a la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si la bancada fujimorista con 73 congresistas electos se oponen a los procesos de protección de los derechos de las minorías, así como a la implementación de sanciones ejemplares en ese sentido, no sólo ganará el rechazo de la opinión pública y de una población cada vez más informada, sino irá en contra del devenir social y cultural que el mundo ya vive.
Escrito por: Sarita Sanchez para www.sanjuandelurigancho.com