Como parte de las acciones estratégicas para combatir la delincuencia y el fraude informático, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y las Fiscalías de Prevención del Delito del Ministerio Público dictaron el "Taller de contratación de servicios públicos móviles". El evento tuvo como propósito central instruir a las cadenas de comercialización sobre los protocolos obligatorios para garantizar una contratación segura de líneas telefónicas en la jurisdicción.
La jornada académica y de concientización se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Privada del Norte (UPN) y congregó a cerca de 100 participantes. Entre los asistentes destacaron representantes de distribuidores autorizados de telefonía, dirigentes de mercados locales, así como autoridades de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, fiscales del Ministerio Público y mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Duras penas de cárcel por informalidad
Durante las ponencias técnicas, los representantes del organismo regulador enfatizaron que la contratación de líneas móviles debe realizarse de forma exclusiva en los puntos de venta formales debidamente registrados y reportados ante OSIPTEL. Asimismo, las autoridades del Ministerio Público alertaron que saltarse las normativas de control no solo acarrea graves sanciones administrativas y multas, sino que configura delitos penales con penas efectivas de cárcel:
Activación de líneas sin consentimiento: Conlleva una pena de hasta 8 años de prisión.
Comercialización irregular de SIM cards (chips): Se sanciona con penas de hasta 9 años de cárcel.
Venta ambulatoria en la vía pública: Está prohibida y la sanción penal estipulada alcanza hasta los 4 años de prisión.
Vínculo directo con las extorsiones
Las autoridades policiales y fiscales recordaron que la venta informal de chips en calles y mercados suele ser el canal principal que abastece a las mafias dedicadas a la extorsión, las estafas virtuales y la suplantación de identidad, delitos de alto impacto en el distrito. Al no pasar por una validación biométrica ni un control riguroso de identidad, estas líneas se convierten en herramientas anónimas para las bandas delincuenciales.
Ante este panorama, el OSIPTEL instó tanto a las empresas operadoras como a los ciudadanos del distrito a exigir siempre la validación plena del vendedor y del solicitante mediante los sistemas legales autorizados, recordando que el orden en las telecomunicaciones es un pilar fundamental para blindar la seguridad ciudadana de la comunidad.
