En un avance importante en la lucha frontal contra el crimen urbano, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra un sujeto acusado de integrar una red dedicada a la extorsión en agravio de comerciantes, bodegueros y transportistas de San Juan de Lurigancho. La medida coercitiva fue dictada luego de que el Ministerio Público presentara graves y fundados elementos de convicción que lo vinculan con este delito.
Según las investigaciones preliminares a cargo de la Depincri del distrito y la Fiscalía, el imputado operaba entregando mensajes intimidatorios y exigiendo fuertes sumas de dinero (conocidas como "cupos") a cambio de no atentar contra la vida de los emprendedores locales ni la infraestructura de sus negocios. Su captura se produjo tras un operativo de inteligencia policial derivado de las múltiples denuncias de las víctimas, quienes aportaron pruebas clave como audios, mensajes de texto y registros de cámaras de videovigilancia.
Garantía para la investigación
Durante la audiencia, el juez a cargo del caso determinó que se cumplen los presupuestos exigidos por la ley para la prisión preventiva: la alta probabilidad de la comisión del delito, una prognosis de pena superior a los cinco años de cárcel y el evidente peligro de fuga u obstaculización de la justicia, dado que el acusado no pudo acreditar arraigo laboral ni domiciliario de calidad.
El investigado fue trasladado a un establecimiento penitenciario designado por el INPE, donde permanecerá recluido mientras continúan las diligencias fiscales orientadas a desarticular al resto de los integrantes de esta presunta banda criminal. Las autoridades policiales reiteraron su llamado a la ciudadanía para que no cedan ante las amenazas y continúen denunciando estos actos ilícitos de manera confidencial.
