La planificación urbana y el acceso a viviendas estructuralmente seguras se mantienen como los principales desafíos en San Juan de Lurigancho, un distrito donde la autoconstrucción informal ha marcado el crecimiento de sus barrios y asentamientos humanos en las últimas décadas. Frente a esta realidad, el reciente informe sectorial "Construyendo formalidad", impulsado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), propone un cambio radical de estrategia: dejar de lado el modelo puramente represivo o sancionador para convertir la legalidad en una opción accesible y viable para las familias de menores ingresos.

De acuerdo con los especialistas del sector edificación, la informalidad no representa únicamente un problema de ordenamiento técnico, sino una amenaza integral para el desarrollo urbano sostenible. En zonas de alta densidad y topografía compleja como las quebradas del distrito, la construcción sin planos ni asistencia profesional incrementa exponencialmente el riesgo ante desastres naturales y sismos de gran magnitud.

El verdadero costo de la informalidad

Uno de los puntos más críticos que destaca el análisis es el impacto económico indirecto que sufren los propios ciudadanos y el Estado. Se estima que proveer e instalar conexiones de agua potable, alcantarillado y electrificación en zonas ocupadas de manera informal e improvisada llega a costar hasta seis veces más en comparación con el desarrollo de suelo urbano previamente planificado. Esto genera que los servicios básicos se encarezcan y demoren años en llegar a las comunidades periféricas.

Frente a este escenario, el plan sectorial plantea cuatro ejes de acción urgentes para reorientar el crecimiento inmobiliario en la capital:

  • Suelo urbano planificado: Habilitar terrenos seguros con servicios básicos iniciales para mitigar el avance de las invasiones de terrenos.
  • Materiales certificados: Promover el uso exclusivo de insumos de calidad y desmitificar prácticas constructivas peligrosas en las viviendas de albañilería.
  • Fortalecimiento de vivienda social: Ampliar la cobertura de programas del Estado que faciliten el acceso a créditos habitacionales reales.
  • Formalización laboral: Capacitar y certificar de manera técnica a la mano de obra del sector.

El reto de las autoridades locales y del Ministerio de Vivienda consiste ahora en simplificar los trámites administrativos y ofrecer incentivos reales para que la población de SJL opte por la asesoría técnica de ingenieros civiles y arquitectos, garantizando que el esfuerzo económico de edificar una casa propia no se convierta en una estructura vulnerable.

 

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