El escenario electoral de cara a la segunda vuelta presidencial empieza a definirse. El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), procesado al 90%, ha confirmado que el candidato Roberto Sánchez superó en votos a Rafael López Aliaga, desplazándolo al tercer lugar y asegurando su posición en el balotaje.
Este reciente avance en el escrutinio oficial reafirma las tendencias que habían adelantado los conteos rápidos de Ipsos y el reporte de la Asociación Civil Transparencia durante la noche del domingo, los cuales proyectaban este escenario de "sorpasso" por el segundo lugar.
Rechazo a los resultados y ultimátum al JNE
El avance de las cifras oficiales ha provocado una inmediata reacción de rechazo por parte de Renovación Popular y sus simpatizantes. Durante un mitin realizado la noche de ayer, Rafael López Aliaga denunció un presunto fraude electoral y exigió la nulidad total de los comicios.
Durante su intervención, el líder político lanzó un ultimátum, otorgando un plazo de 24 horas para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie a favor de sus demandas. De lo contrario, advirtió que invocará a una "insurgencia popular" en las calles. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades electorales no han recibido pruebas documentadas que demuestren un fraude sistémico en el conteo de votos.
Exigen sanciones por el desastre logístico de la ONPE
Estas tensiones políticas se desarrollan en medio de un clima de descontento generalizado debido al desempeño administrativo de la ONPE. El grave retraso en la entrega de material electoral y la imposibilidad de instalar cientos de mesas de sufragio a tiempo en Lima y provincias —un hecho que forzó la inédita ampliación de las elecciones— han manchado el normal desarrollo del proceso.
Frente a esta situación, diversos sectores políticos y ciudadanos exigen que el Ministerio Público inicie una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades administrativas y penales dentro de la ONPE. El reclamo central apunta a que la negligencia logística que impidió el derecho al voto de miles de ciudadanos no quede impune y que los responsables asuman las consecuencias legales correspondientes, separando estas deficiencias administrativas de las denuncias de fraude en el escrutinio.
