La indignación desbordó las calles del asentamiento humano Juan Pablo II, en la zona de Arenal Alto. Decenas de vecinos salieron a protestar exigiendo la intervención inmediata de las autoridades frente a lo que consideran un abuso sistemático: el cobro excesivo y arbitrario de pasajes por parte de los colectiveros informales que dominan la ruta hacia las avenidas principales.

Según los testimonios recogidos durante la manifestación, las tarifas impuestas oscilan entre 1.50 y hasta 3.00 soles por tramos sumamente cortos. Esta situación resulta incomprensible para los residentes, quienes denuncian que, a pesar de las recientes bajas en el precio del combustible, los transportistas se niegan a ajustar sus cobros, asfixiando el bolsillo de quienes menos tienen.

El impacto real en la economía familiar 

El problema se agrava durante las mañanas. Cualquier padre de familia sabe que llevar a sus menores hijos al colegio todos los días se convierte en un calvario financiero cuando te exigen pagar pasajes inflados solo para bajar el cerro. Varios de los manifestantes señalaron que, sumando los trasbordos necesarios para llegar a sus centros de labores o estudios en avenidas como Abancay o Tacna, terminan gastando entre 5 y 10 soles diarios por persona.

El síntoma del "distrito dormitorio" 

Esta protesta en Juan Pablo II no es un hecho aislado, sino el síntoma de una ciudad que ha crecido sin planificación urbana. Al no contar con rutas formales ni alimentadores de los corredores viales que lleguen hasta las zonas altas, el Estado deja un vacío perfecto para que prospere la informalidad, dictando sus propias reglas.

Además, el clamor de los vecinos por contar con buses directos hacia el centro de Lima nos recuerda una dura realidad de San Juan de Lurigancho: seguimos siendo un "distrito dormitorio". Mientras no se generen verdaderos polos de desarrollo económico y centros de empleo dentro de nuestro propio territorio, miles de familias seguirán condenadas a cruzar media capital de madrugada, pagando los altos costos de un transporte ineficiente.

La exigencia hoy es clara: urge fiscalización inmediata para frenar los abusos, pero sobre todo, voluntad política para integrar a todos los sectores de SJL al sistema de transporte formal.