Hubo un tiempo, aunque hoy parezca lejano, en que San Juan de Lurigancho era un valle apacible. Lleno de haciendas y campos de cultivo, nuestro distrito funcionaba como el lugar de descanso ideal para las élites limeñas. Era el límite verde de una capital que aún no imaginaba el desborde demográfico que estaba por venir.

Para entender cómo terminamos albergando uno de los centros penitenciarios más grandes y hacinados de Sudamérica, hay que mirar la historia de Lima. Hasta mediados del siglo XX, la principal cárcel de la ciudad era el famoso Panóptico, ubicado en pleno centro de Lima —donde hoy se levantan el Centro Cívico y el Hotel Sheraton—. Cuando la ciudad empezó a modernizarse, la lógica urbana dictó una regla clara: las cárceles no pueden estar en el centro de la ciudad; deben ir a la periferia.

Bajo esa premisa, en la década de 1960, se decidió trasladar la prisión a lo que entonces se consideraba una zona lejana y despoblada: San Juan de Lurigancho. En aquel momento, la decisión tenía sentido técnico. Hoy, es un absurdo urbanístico.

La ciudad se tragó al penal

El Penal de Lurigancho fue concebido en otra época y para otra ciudad. Ocupa apenas 2.56 hectáreas y fue diseñado para albergar alrededor de 2,500 internos. Hoy, sin embargo, supera los 10,000 reclusos, más del triple de su capacidad real. Este nivel de sobrepoblación —que excede el 200%— lo convierte en uno de los penales más hacinados de América Latina.

Pero el problema no es solo interno. Lo que en los años 60 era periferia, hoy es ciudad consolidada. El penal, pensado para estar aislado, ha sido completamente absorbido por la expansión urbana. A su alrededor se han levantado viviendas, comercios y colegios, incluso dentro del perímetro de seguridad que originalmente debía mantenerse libre.

San Juan de Lurigancho creció más allá de lo imaginado. Esa antigua periferia se transformó en el distrito más poblado del Perú y en un motor económico clave de Lima. Sin embargo, en medio de ese crecimiento, arrastramos una infraestructura penitenciaria que ya no responde a la realidad urbana actual.

Mantener una mega cárcel en una zona de altísima densidad poblacional genera problemas críticos: presión sobre la seguridad ciudadana, economías ilegales que encuentran condiciones propicias para operar y, además, un bloqueo evidente al desarrollo urbano, inmobiliario y comercial de amplias zonas como Canto Grande.

Una tendencia que el mundo ya recorrió

Lo que hoy enfrentamos en San Juan de Lurigancho no es un caso aislado. Es, en realidad, una etapa natural en la evolución de las ciudades.

Un ejemplo claro es la antigua prisión de Carabanchel en Madrid. Construida en las afueras durante el siglo XX, terminó siendo absorbida por el crecimiento urbano. Tras su cierre en 1998, el terreno —de más de 170 mil metros cuadrados— fue objeto de un largo debate ciudadano y finalmente se destinó a vivienda, equipamientos públicos y áreas verdes.

Casos similares se han dado en ciudades como Philadelphia, donde la histórica Eastern State Penitentiary dejó de cumplir funciones penitenciarias y hoy forma parte del circuito cultural y turístico de la ciudad. Estos procesos no responden a decisiones aisladas, sino a una lógica urbana clara: cuando la ciudad crece, ciertas infraestructuras dejan de ser compatibles con su entorno. Reubicarlas no es una opción radical; es parte de planificar el futuro.

Una decisión postergada

El penal ya cumplió su cometido histórico y territorial. Insistir en mantenerlo en su ubicación actual no es una muestra de firmeza, sino de inercia. Las grandes ciudades del mundo, cuando enfrentan este tipo de situaciones, toman decisiones: reubican infraestructura obsoleta y liberan suelo urbano para nuevos usos estratégicos. No hacerlo tiene un costo, y en nuestro caso ese costo lo paga directamente la calidad de vida de millones de vecinos.

Por supuesto, la reubicación no puede ser improvisada. Debe responder a una planificación seria, en zonas verdaderamente periféricas, con infraestructura moderna que permita un control adecuado y condiciones más dignas dentro del sistema penitenciario.

Es importante precisar que la reubicación de un establecimiento penitenciario no depende de una sola entidad. Involucra al Instituto Nacional Penitenciario, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Gobierno central. Sin embargo, eso no limita el rol del gobierno local.

El alcalde, en el marco de sus atribuciones, puede iniciar y liderar esta agenda: promover acuerdos de concejo, convocar mesas técnicas interinstitucionales, impulsar estudios urbanos que sustenten la reubicación y, sobre todo, hacer visible esta demanda como una prioridad del distrito. Las ciudades no transforman su realidad esperando decisiones externas; la transforman cuando sus autoridades colocan los temas correctos en la agenda pública.

Pensar el suelo como oportunidad

La discusión no debería quedarse en retirar el penal. La verdadera pregunta es qué tipo de ciudad queremos construir en su lugar.

San Juan de Lurigancho no es un distrito cualquiera. Es el más poblado del país, con una enorme concentración de jóvenes que estudian, trabajan o buscan oportunidades. Sin embargo, gran parte de ese talento se ve obligado a salir del distrito para desarrollarse.

En ese contexto, la liberación de un espacio estratégico como el que hoy ocupa el penal abre una posibilidad que vale la pena discutir: la creación de un nodo de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. No como una promesa inmediata ni como un proyecto cerrado, sino como una visión de largo plazo. Un espacio que, articulado con proyectos metropolitanos como el futuro periférico vial de Lima, pueda mejorar la conectividad del distrito y acercarlo a otros puntos clave de la ciudad, incluido el aeropuerto.

Más que competir con otras ciudades del mundo, el desafío es más concreto y urgente: dejar de ser un distrito dormitorio y comenzar a generar oportunidades dentro de nuestro propio territorio. Transformar un espacio de encierro en un espacio de conocimiento no es solo una idea atractiva. Es, sobre todo, una conversación que San Juan de Lurigancho necesita empezar a tener.

El momento de decidir

El debate ya no es si el penal debe quedarse o no. El debate es cuánto más estamos dispuestos a perder como distrito por no tomar una decisión. San Juan de Lurigancho no puede seguir cargando con infraestructura pensada para la Lima de hace más de medio siglo. Hoy somos otra ciudad, con otras necesidades y, sobre todo, con otro potencial.

Reubicar el penal no es solo una medida de seguridad. Es una oportunidad histórica que requiere decisión, coordinación y liderazgo.

San Juan de Lurigancho no puede esperar a que otros tomen la iniciativa. Es momento de que el distrito impulse, articule y exija una solución acorde a la ciudad que ya es.

Escrito por: Luis Candela Flores para www.sanjuandelurigancho.com