La trágica muerte del candidato presidencial Napoleón Becerra en Ayacucho no solo ha dejado un profundo luto en la política nacional y en San Juan de Lurigancho, distrito donde forjó su carrera dirigencial, sino que ha desatado un complejo escenario legal. Recientemente, el Jurado Electoral Especial (JEE) resolvió dejar sin efecto la inscripción de toda la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú).

Con esta medida, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia quedan automáticamente fuera de la contienda. Pero, ¿está bien que se excluya a los demás candidatos? Para entender esta controversia, es necesario analizar el choque entre la letra fría de la ley y el sentido de participación democrática.

La letra fría de la ley: Una fórmula indivisible

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el JEE no ha hecho más que aplicar la norma vigente. La Ley Orgánica de Elecciones establece claramente que la plancha presidencial (Presidente y sus dos Vicepresidentes) se inscribe y se vota como un bloque único e indivisible.

Al fallecer la "cabeza" de esa lista a tan pocas semanas de los comicios, la fórmula queda legalmente incompleta. La legislación peruana actual, por más dura que parezca, no contempla un mecanismo de reemplazo de emergencia en esta etapa del proceso, ni permite que el primer vicepresidente asuma automáticamente la candidatura presidencial. El fallo es, técnicamente, irreprochable.

El déficit democrático: ¿Un castigo inmerecido?

Sin embargo, desde la perspectiva política y ciudadana, la decisión se percibe como profundamente injusta. El PTE Perú y sus vicepresidentes están siendo excluidos de la carrera presidencial no por cometer un fraude, mentir en sus hojas de vida o infringir normas electorales, sino a causa de una fatalidad impredecible.

Esta rigidez legal deja a miles de electores sin su opción política en la cartilla de votación, castigando a toda una organización. Resulta además paradójico para muchos militantes que, mientras la plancha presidencial se anula por completo, la lista de candidatos al Senado del mismo partido sí continúa en carrera (excluyendo únicamente el nombre del fallecido líder).

Urge una reforma electoral

El caso de Napoleón Becerra pone en evidencia que nuestra legislación electoral necesita una revisión profunda. Las leyes deben garantizar la transparencia, pero también deben contar con salidas democráticas frente a hechos de fuerza mayor. Una tragedia humana no debería traducirse automáticamente en la anulación de los derechos de participación política de toda una agrupación y de los ciudadanos que confiaban en su propuesta.