Muchos vecinos se sorprenden al descubrir que, legalmente, gran parte de las laderas de los cerros que conforman nuestro distrito no pertenecen a San Juan de Lurigancho (SJL), sino a la Comunidad Campesina de Jicamarca. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI vivamos bajo una jurisdicción política, pero durmamos sobre la propiedad privada de una comunidad vecina? La respuesta está en un texto sagrado del siglo XVI: el Manuscrito de Huarochirí.

El Manuscrito de Huarochirí es la 'memoria descriptiva' de una conquista estratégica. Durante la expansión del Imperio de los Incas, los Yauyos se unieron a su ejército como aliados clave para la toma del valle de Lima. Su participación fue decisiva en la conquista pacífica de los Ichma, los antiguos habitantes de Lima. Al sumar sus guerreros a las filas imperiales, los Yauyos ayudaron a proyectar una fuerza disuasiva tan imponente que los Ichma prefirieron la rendición antes que enfrentar una guerra sangrienta, como la que ya había devastado a los rebeldes de Huarco en Cañete. En agradecimiento a este apoyo táctico, el Inca les otorgó el control de las cumbres y su protección personal, los Yauyos necesitaban los cerros de lo que hoy es SJL para que sus ganados bajaran a pastar en invierno.

Sin embargo, este avance sobre las alturas no eliminó la presencia de los Ruricancho, los verdaderos 'Señores del Valle'. Este grupo local, que da nombre a nuestro distrito, mantuvo su identidad y control sobre las tierras bajas y los canales de regadío, conviviendo en una compleja tensión territorial con los pastores de las alturas. Fue este encuentro entre la fuerza de los cerros (Yauyos) y la resistencia del valle (Ruricanchos) lo que forjó el mapa que hoy habitamos.

Al llegar los españoles, no quisieron complicarse con las complejas redes de alianzas andinas. Su prioridad era el orden tributario y la paz social para la extracción de recursos. Al notar que los Yauyos (Jicamarca) ya poseían el control de las alturas por mandato Inca, la Corona simplemente "calcó" el mapa prehispánico y lo formalizó bajo su propio sistema legal.

Los acuerdos tácticos de pastoreo se convirtieron en Títulos Reales de Propiedad. Para los españoles, entregarle los cerros a los Jicamarcas era una forma eficiente de mantener a los grupos de las alturas bajo control, otorgándoles un reconocimiento legal que llegaba hasta las lomas de lo que hoy es San Juan de Lurigancho. Durante casi 300 años, la propiedad de la tierra y la administración política fueron una sola bajo el dominio español.

La Independencia y el Choque de Sistemas de Bolívar

Con la llegada de la Independencia, el panorama cambió drásticamente. En 1821, José de San Martín declaró la independencia del Perú y, posteriormente, Simón Bolívar, con una visión liberal y modernizadora, buscó transformar las estructuras virreinales.

Bolívar emitió decretos que pretendían la redistribución de las tierras comunales para convertirlas en propiedad privada individual. Sin embargo, en el proceso de creación política de los primeros distritos y provincias de la naciente República, se generó un vacío técnico: se diseñaron demarcaciones políticas sobre un territorio que ya tenía dueños con títulos coloniales vigentes.

Fue en este punto donde la propiedad (el derecho de la comunidad de Jicamarca sobre el suelo) y la jurisdicción (el derecho del Estado a gobernar ese suelo) comenzaron a separarse. Mientras Bolívar sentaba las bases de las municipalidades, los títulos antiguos de los Jicamarcas permanecían esperando el momento en que la expansión de la ciudad —siglos después— hiciera estallar este conflicto que hoy, por falta de voluntad política, seguimos heredando.

Propiedad vs. Jurisdicción

Aquí es donde debemos separar los mitos de la gestión pública. Es un error técnico creer que porque un terreno pertenece históricamente a una comunidad, esta puede ignorar la ley de creación de un distrito.

Si un terreno es partido por una línea distrital, el propietario tiene la obligación de respetar ese límite. Debe tributar y someterse a la autoridad de ambas jurisdicciones. Que los Jicamarcas se identifiquen con Huarochirí no les da derecho a ignorar que esas laderas están, por ley desde 1967, bajo la jurisdicción de San Juan de Lurigancho. La soberanía territorial del Estado está por encima de cualquier título de propiedad.

Este problema está identificado desde hace décadas. Sin embargo, ningún gobierno se ha atrevido a resolverlo. Hemos visto pasar alcaldes y presidentes que prefieren mirar a otro lado. ¿Por qué? Por intereses políticos y electorales.

Mantener la "zona gris" le conviene a quienes lucran con el caos. Los traficantes de tierras —que en su mayoría no son comuneros— usan el argumento ancestral como un escudo para evitar la fiscalización. Le dicen al vecino que "allí no manda el alcalde", vendiendo una falsa autonomía que solo genera falta de servicios y viviendas en zonas de alto riesgo sísmico. El silencio de las autoridades no es incapacidad, es complicidad.

Hacia una Gestión con Autoridad

En búsqueda del desarrollo de San Juan de Lurigancho, el primer paso es dar orden y seguridad jurídica a cada familia, sin importar en qué parte del distrito se encuentre. No se trata de entrar en conflicto con la historia de la comunidad, sino de armonizarla con la ley moderna para beneficio de todos.

La presencia de la Municipalidad en todo nuestro territorio es la única garantía para que los vecinos accedan a licencias de funcionamiento, servicios básicos y una zonificación que revalorice sus viviendas. Un distrito ordenado es un distrito que progresa.

El futuro de SJL no se construye con divisiones ni con mitos que nos separan. Se construye con una verdadera ingeniería de gestión, liderada por un gobierno que entienda que gobernar no es solo inaugurar obras cosméticas para la foto del momento.

Escrito por: Luis Candela Flores para www.sanjuandelurigancho.com