El presidente Martín Vizcarra acaba de plantear una cuestión de confianza atendiendo la indignación nacional frente a la actuación de la mayoría fujiaprista en el congreso, que impide aprobar los proyectos de reforma política y lucha contra la corrupción que fueron mayoritariamente respaldados en el referéndum de diciembre de 2018. La cuestión de confianza no es un golpe de Estado sino un mecanismo constitucional que se ampara en los artículos 133 y 134 de la Constitución. El planteamiento de Vizcarra permite retomar el discurso y practica en defensa de la lucha anticorrupción que quedó relegada desde que Salvador del Solar asumió el premierato.
Si bien los principales ex gobernantes (Toledo, Humala, Villarán y PPK) y líderes políticos (Keiko Fujimori) se encuentran investigados por la justicia y con restricciones a su libertad, los tentáculos de la corrupción seguirían enquistados en el congreso; de otra manera no se explica por qué los parlamentarios rechazan discutir la inmunidad parlamentaria convertida en impunidad, así como insisten en blindar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien formaría parte de los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia conformada por jueces, fiscales, políticos y empresarios que se enquistó en las instituciones de justicia para usufructuarlas en favor de intereses personales.
Para que este congreso fujiaprista sea cerrado la mayoría de congresistas tendría que negar el voto de confianza a las medidas planteadas por el Ejecutivo. De darse este caso, Vizcarra podría cerrar el parlamento mediante decreto, el cual incluiría una convocatoria a nuevas elecciones legislativas dentro de los 4 meses posteriores a dicho cierre. Como no existe reelección congresal, al nuevo parlamento no podrían postular Mamanis, Bartras, Becerriles, Salgados, ni otros impresentables. Entre los partidos políticos que podrían obtener un número importante de curules en el nuevo congreso que se instalaría a fin de año estarían Acción Popular, Somos Perú e incluso Alianza para el Progreso.
Con esta decisión el país no ingresaría a una etapa de ingobernabilidad, pues la crisis política es generada principalmente por el congreso y los partidos manchados por la corrupción que pelean por sobrevivir. Los peruanos de a pie siguen trabajando para sacar adelante a sus familias y miran expectantes este lío en las alturas. Entre el cierre del congreso y la instalación del nuevo parlamento, el Ejecutivo gobernaría con decretos que serían revisados por la comisión permanente que seguiría funcionando. El nuevo parlamento tendría año y medio para legislar en favor de los intereses nacionales, siempre bajo el escrutinio público de los ciudadanos, pues nuestro voto no es un cheque en blanco.
