El Comercio.- A Henry Gonzales le cuesta encontrar las palabras para describir lo que está viendo en estos días. En sus más de veinte años de experiencia cremando cadáveres, nunca tuvo al frente algo parecido. Si antes de la pandemia por el COVID-19 atendía en promedio a 10 o 12 cuerpos por día, hoy recibe el triple. Solo el miércoles pasado, nos dice, incineró a 35 y tuvo que pedir a los hospitales que ya no le enviaran más. Al otro lado del teléfono le dijeron que había 90 en espera.
Gonzales dirige el crematorio que, tal vez, recibe más fallecidos a causa del COVID-19 o sospechosos desde que se declaró el estado de emergencia. Sus tres hornos están en el interior del cementerio PNP Santa Rosa, en Chorrillos, y desde allí recibe los cadáveres que sus furgonetas recogen o que le envían los diferentes mortuorios de Lima. Su personal sigue siendo el mismo, entre 20 y 25 trabajadores, pero ha tenido que establecer tres turnos para que puedan darse abasto ante la alta demanda.
Una cremación dura entre una hora u hora y media, nos dice Gonzales. Pese a que trabajan prácticamente las 24 horas, la cantidad de muertos que reciben ha superado sus capacidades operativas. “Sinceramente estoy horrorizado”, nos dice por teléfono por el alto número de cadáveres. “No vamos a poder seguir bajo este ritmo porque tampoco nuestros hornos van a soportar”, añade.
Una directiva sanitaria publicada por el Ministerio de Salud (Minsa) el 22 de marzo señala que las personas fallecidas por COVID-19 deberán ser cremadas y que, salvo en los lugares donde no se pudiera, se procederá con la inhumación (entierro). El 13 de abril, esta orden fue modificada. Se añadió que en caso de que se saturen los crematorios, se optará por los entierros. Hasta el cierre de esta edición, en la capital no se registró ninguno.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Lima existen seis crematorios (dos públicos y cuatro privados), cuyos precios oscilan entre los S/1.650 y S/3.900 por incineración. Según el Minsa, los gastos por los servicios fúnebres corren por parte de Essalud, el Seguro Integral de Salud (SIS) o el seguro privado.
Según Henry Gonzales, otros crematorios pasan por los mismos apuros que él. Este Diario llamó a otras empresas que ofrecen el servicio. Dos de ellas señalaron que, efectivamente, ya atienden los casos de muertos por COVID-19, pero prefirieron no dar más detalles al respecto.
Frank Alfaro Aranzabal, gerente general de Funerarias Aranzabal, que tiene más de cincuenta años de operaciones, señala que si los cadáveres en los mortuorios o en la vía pública (ya sea por coronavirus u otras causas) aumentan, el Estado debe crear fosas comunes. Esto para evitar el colapso de los crematorios.
La semana pasada, el ministro de Salud, Víctor Zamora, le dijo a El Comercio que una de las preocupaciones es evitar que aquí ocurra lo que pasó en Guayaquil, donde se vieron varios cadáveres en las calles. El periodista peruano Herbert Holguín, quien radica en Ecuador, explicó que mucho de lo que hoy se vive en ese país tiene que ver con el colapso del sistema funerario.
“Las funerarias no sabían cómo atender estos casos y varias optaron por cerrar. En consecuencia, muchos cadáveres no se recogían”, dijo Holguín. El periodista indicó que, por la cantidad de muertos que hay en la ciudad (más de 6.700, entre fallecidos por coronavirus, sospechosos y causas naturales en los primeros 15 días de abril), es imposible que todos sean cremados.
El gobierno de Lenín Moreno se opone a la creación de fosas comunes y dice que lo que ellos quieren son entierros unipersonales “dignos”.
“Hay que entender que esto es nuevo para todos”, nos dice el biólogo Elmer Quichiz, director ejecutivo de la Dirección de Control y Vigilancia (DCOVI) de la Digesa. Y pone como ejemplo lo sucedido el 19 de marzo, cuando se conoció que una de las primeras víctimas por coronavirus murió sola en su departamento en Mirafores.
La demora en el recojo del cadáver, indica Quichiz, puso en evidencia la falta de protocolos para estos casos. Por tal motivo, se creó el Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres (EHRC), unidad encargada de llevar el cuerpo a los servicios fúnebres para que sea incinerado (primera opción) o enterrado.
Consultado sobre el uso de congeladoras para almacenar allí los cuerpos a la espera de que sean cremados, el funcionario dijo que es una posibilidad “pero Dios quiera que no lleguemos a eso”. No obstante, recalca que el Minsa ha establecido que se pueden realizar inhumaciones y que ningún cementerio puede discriminar la atención.
Sobre las fosas comunes, Quichiz manifiesta que los cementerios públicos están obligados de acuerdo a ley a reservar un espacio para su implementación.
