Pide aplicación de sanciones y multas por incumplimiento a ley 27050

Presidente del CONADIS demanda voluntad política para cumplir y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. El presidente del CONADIS, Carlos Merino De Lama, demandó voluntad política para cumplir y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad en el Perú ante la Comisión Especial de Estudio de la Persona con Discapacidad del Congreso de la República. Sugirió que el cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad (27050) y su modificatoria (28164), debe ir acompañada de mecanismos coercitivos, puesto que son las propias autoridades quienes la incumplen. Estas declaraciones las hizo debido a la contratación de un 3% de personas con discapacidad en las entidades del Estado, como el caso de los gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales, en la creación de las Oficinas Regionales y Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad con el objetivo de apoyar a las entidades públicas y privadas, en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad. Agregó, que el CONADIS está facultado para demandar acciones de cumplimiento e imponer y administrar multas, mecanismos que lamentablemente no pueden aplicar por no estar reglamentados. Por tanto, pidió que el Congreso elabore, debata y apruebe su ley orgánica. “Buena parte de los artículos de la Ley No, 27050 no tienen desarrollo legislativo que permitan su aplicación real a favor de las personas con discapacidad”, acotó. Respecto al cumplimiento de las normas arquitectónicas y urbanísticas de accesibilidad a las personas con discapacidad que permitan su normal tránsito en las vías y lugares públicos a nivel nacional, manifestó que el 90% de las instituciones públicas y privadas la desacatan. Además, que en esta materia, el exiguo presupuesto que reciben de 779,997 soles no les permite cumplir con la acción de fiscalización dado que un despliegue de esa naturaleza en todo el país les acarreará un gasto adicional a su capacidad real. Y en el hipotético caso de poder cumplirlo, serviría de poco puesto que las municipalidades no han incorporado en su TUPA ni reglamentado la aplicación de dichas multas. Por ello, Merino propuso que se modifique la ley encargando al CONADIS la aplicación de las sanciones y el destino de las multas previo convenio con las municipalidades. Dijo, sin embargo que ha solicitado su participación en las sesiones del Consejo de Ministros, tal como lo establece la ley, a fin que de incluir con prioridad el tema de la discapacidad en la agenda de Estado.

 

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