Además, no tenía la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (Digesa) para operar en ese rubro.
La comisión auditora encontró indicios de que, para evadir los procesos de selección, los funcionarios ediles emitieron requerimientos disgregados, a través de órdenes por los mismos servicios, en una misma fecha, por montos inferiores a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y así poder contratar de manera directa.
Bajo dicho mecanismo, la entidad edil vio imposibilitada que se garantice la elección del mejor postor, así como la calidad del servicio.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho incluso habría otorgado la conformidad de los servicios sin verificar su ejecución, habiéndose detectado que algunos vehículos alquilados para realizar los servicios de limpieza pública y descolmatación de ríos no realizaron dicha labor.
Por los hechos descritos, la Procuraduría Pública de la Contraloría General interpuso denuncia ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima contra los presuntos responsables.
